El 28 de agosto de 2024 la Corte Constitucional declaró como exequible al Acuerdo de Escazú en Colombia, lo que implicará desafíos y oportunidades para el sector agropecuario.

Tras ser aprobado por el Congreso de la República, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue sancionado por el presidente Gustavo Petro en 2022. Posteriormente, pasó a la fase de revisión por parte de la Corte Constitucional, cuyo fallo da paso para que el Acuerdo se integre de manera formal al marco jurídico ambiental colombiano.

La reciente decisión del Alto Tribunal reconoce la labor de las personas defensoras de la naturaleza en medio de las crisis ambientales y contribuye a la protección de la vida en un país que, de acuerdo con el informe Global Witness, publicado en 2023, registró 60 asesinatos; la cifra más alta del mundo. Por otra parte, el acuerdo promueve una mayor transparencia en la gestión ambiental, lo que afecta directamente al sector agropecuario. La obligación de proporcionar acceso a la información ambiental significa que las actividades agrícolas estarán sujetas a un escrutinio más riguroso.

Esto puede llevar a una serie de novedades, sin embargo, vale aclarar que no se trata de un cambio abrupto. Por ejemplo, se mantendrán las reglas de daño ambiental que Colombia aplica hace más de 20 años, cuando incorporó en su normativa ambiental la dinamización de la carga de la prueba y por tanto este no pone fin a la presunción de inocencia en materia ambiental.

Los cambios que podrán comenzar a ser necesarios podrán estar relacionados, por ejemplo con:

Regulación del uso de pesticidas y fertilizantes: La vigilancia y regulación con respecto al uso de productos químicos podría ser más estricta. Esto se traduce en una mayor necesidad de cumplir con las normativas y estándares internacionales para garantizar que las prácticas no perjudiquen el medio ambiente ni la salud pública.

Manejo de recursos hídricos: El acuerdo impulsa la gestión sostenible del agua, lo que puede afectar la forma en que se riega y se gestiona el agua en las explotaciones agrícolas. Las prácticas que antes eran habituales podrían ser revisadas para evitar la sobreexplotación de fuentes hídricas. Es un gana-gana, teniendo en cuenta los beneficios de una mejor gestión del agua en cuanto a la mejora de la eficiencia productiva.

Protección de ecosistemas: Se espera una mayor protección de los ecosistemas naturales que puedan verse afectados por la expansión agrícola. Como ya lo hemos visto en los ultimos años, se podría ver una vigilancia más estricta áreas de biodiversidad y los hábitats naturales que puedan verse afectados en nuevas áreas destinadas a la explotación agropecuaria (por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola).

Participación en Decisiones Ambientales

El Acuerdo de Escazú facilita la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Para el sector agropecuario, esto tiene varias implicaciones:

Consulta a comunidades locales: Los agricultores y las comunidades rurales deben ser consultados en procesos que afecten sus tierras y recursos. Esto significa que los proyectos agropecuarios, como la expansión de cultivos o la construcción de infraestructuras, tendrán que considerar las opiniones y preocupaciones de las comunidades locales.

Desarrollo de políticas agrícolas sostenibles: La participación pública puede llevar a la creación de políticas agrícolas que sean más sostenibles y adaptadas a las realidades locales. Las voces de los agricultores y las comunidades pueden contribuir a la formulación de estrategias que equilibren la producción con la conservación ambiental.

Educación: La posibilidad de participar en la toma de decisiones también puede fomentar una mayor educación y conciencia sobre prácticas agrícolas sostenibles entre los agricultores, quienes podrán acceder a formación y recursos para implementar mejores prácticas.

Resolución de Conflictos

El acuerdo proporciona mecanismos para resolver conflictos ambientales, lo que puede ser relevante para el sector agropecuario:

Resolución de conflictos con comunidades: Las disputas entre los agricultores y las comunidades sobre el uso de tierras o recursos pueden resolverse a través de mecanismos de justicia ambiental. Esto puede ayudar a evitar conflictos prolongados y promover soluciones justas y equitativas.

Mediación en casos de contaminación: Si las actividades agropecuarias causan contaminación o daños ambientales, el acceso a la justicia ambiental permite a las partes afectadas presentar quejas y buscar compensaciones o remedios.

Arbitraje y soluciones alternativas: El acuerdo fomenta el uso de mecanismos de arbitraje y otras soluciones alternativas para resolver disputas de manera eficiente, evitando la judicialización y promoviendo acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas.

Desafíos

En un país como Colombia convertir en realidad lo anterior seguirá siendo un gran reto por el alcance limitado del estado en todo el territorio nacional. Para el sector agropecuario, los retos estarán ligados a la urgencia de fomentar el cambio positivo y las prácticas más acordes con nuestros tiempos:

Adaptación a nuevas normas: La implementación del Acuerdo de Escazú puede implicar cambios significativos en la manera en que se gestionan las actividades agropecuarias. Los agricultores pueden enfrentar desafíos para adaptarse a nuevas regulaciones y requisitos de transparencia, lo que podría aumentar los costos operativos y administrativos.

Resistencia al cambio: La transición hacia prácticas más sostenibles puede encontrar resistencia entre los productores que están acostumbrados a métodos tradicionales. La resistencia puede deberse a la falta de conocimiento, infraestructura adecuada o preocupación por la rentabilidad.

Cumplimiento y fiscalización: Asegurar que todos los actores del sector agropecuario cumplan con las nuevas normativas puede ser un desafío, especialmente en regiones con menos capacidad institucional para la fiscalización y el monitoreo.

Oportunidades

Que la Corte Constitucional haya declarado como exequible el Acuerdo de Escazú será también ocasión para aprovechar oportunidades y beneficios para el sector, dentro de los que podríamos destacar:

Financiamiento y subsidios: para implementar prácticas más sostenibles y cumplir con los requisitos del acuerdo. Esto puede incluir apoyo para tecnologías limpias, prácticas de conservación y mejoras en la gestión de recursos.

Mejora de la competitividad: Adoptar prácticas agrícolas responsables puede mejorar la reputación del sector agropecuario y abrir nuevas oportunidades en mercados internacionales que valoran la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.

Innovación y desarrollo: La necesidad de cumplir con las nuevas normativas puede impulsar la innovación en el sector agropecuario. Los productores tendrán la oportunidad de desarrollar y adoptar nuevas tecnologías y prácticas que puedan aumentar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.